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Debido al “Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19”, se han creado determinadas circunstancias, en concreto en referencia a la suspensión del cómputo de plazos, que de no ser contempladas, podrían llegar a producir en las personas que se relacionan con la administración cierta indefensión.
En la medida de lo posible Grupo Meana, desea adelantarse y ofrecer a sus clientes herramientas que permitan a las Administraciones, adaptarse y comportarse conforme a la Ley y a sus propias circunstancias.
La base normativa a la que se debe hacer referencia, y en la que hemos basado nuestros desarrollos es la siguiente:
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el mismo para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Disposición adicional tercera Suspensión de plazos administrativos

  1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.
    . La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
  2. No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante resolución motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo.
  3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada en vigor del presente real decreto, las entidades del sector público podrán acordar motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios.
    Número 4 de la disposición adicional tercera redactado por el apartado cuatro del artículo único del R.D. 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el R.D. 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 («B.O.E.» 18 marzo).Vigencia: 18 marzo 2020
  4. La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos a que se hace referencia en el apartado 1 no será de aplicación a los procedimientos administrativos en los ámbitos de la afiliación, la liquidación y la cotización de la Seguridad Social.
    Número 5 de la disposición adicional tercera introducido por el apartado cuatro del artículo único del R.D. 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el R.D. 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 («B.O.E.» 18 marzo).Vigencia: 18 marzo 2020
  5. La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos administrativos a que se hace referencia en el apartado 1 no será de aplicación a los plazos tributarios, sujetos a normativa especial, ni afectará, en particular, a los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias.
    Número 6 de la disposición adicional tercera introducido por el apartado cuatro del artículo único del R.D. 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el R.D. 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 («B.O.E.» 18 marzo).Vigencia: 18 marzo 2020

Disposición adicional cuarta Suspensión de plazos de prescripción y caducidad
Los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptaren.

La presente medida es de aplicación a todo el sector público definido para lo cual acudimos a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para ver el ámbito subjetivos de las misma.

En su Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación.

  1. La presente Ley se aplica al sector público, que comprende:
    a) La Administración General del Estado.
    b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
    c) Las Entidades que integran la Administración Local.
    d) El sector público institucional.

Esta situación tendrá la duración establecida en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el mismo para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
No obstante debemos acudir a la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, donde en su artículo sexto, indica

Uno. La declaración del estado de alarma se llevará a cabo mediante decreto acordado en Consejo de Ministros.
Dos. En el decreto se determinará el ámbito territorial, la duración y los efectos del estado de alarma, que no podrá exceder de quince días. Sólo se podrá prorrogar con autorización expresa del Congreso de los Diputados, que en este caso podrá establecer el alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga.

Artículo que se completa con el Artículo quince.
Uno. Si durante el estado de excepción, el Gobierno considerase conveniente la adopción de medidas distintas de las previstas en el decreto que lo declaró, procederá a solicitar del Congreso de los Diputados la autorización necesaria para la modificación del mismo, para lo que se utilizará el procedimiento, que se establece en los artículos anteriores.
Dos. El Gobierno, mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, podrá poner fin al estado de excepción antes de que finalice el período para el que fue declarado, dando cuenta de ello inmediatamente al Congreso de los Diputados.
Tres. Si persistieran las circunstancias que dieron lugar a la declaración del estado de excepción, el Gobierno podrá solicitar del Congreso de los Diputados la prórroga de aquél, que no podrá exceder de treinta días.

Conclusiones prácticas

En primer lugar, se restablecerán el cómputo de plazos una vez terminado el estado de alarma decretado. Han surgido determinadas dudas respecto a la literalidad de este supuesto de suspensión, ya que habla de suspensión y de interrupción, no siendo lo mismo,en el punto 1 de la Disposición adicional tercera, para ello remitimos a la circular CONSULTA SOBRE LA FORMA EN LA QUE HABRÁ DE PROCEDERSE EN EL MOMENTO QUE PIERDA VIGENCIA LA SUSPENSION DE LOS PLAZOS PREVISTOS POR EL RD 463/2020. INTERPRETACIÓN DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. ABOGACÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN DEL SERVICIO JURÍDICO DEL ESTADO
En el que aclara y concluye:
“Por ello, es razonable concluir que el sentido del apartado 1 de la disposición adicional 3ª del RD 463/2020 es el de establecer que los plazos procedimentales a los que se refiere quedan suspendidos en el momento de la declaración del estado de alarma, reanudándose por el período que restare cuando desaparezca dicho estado de alarma, inicial o prorrogado, sin que en ningún caso vuelvan a empezar desde cero. Es decir, se “reanudan” pero no se “reinician””.

• Tipo de tramites/tareas/actos afectados, parece que en una primera lectura pensamos en los cómputos de plazos típicos alegaciones, subsanaciones, plazos para interposición de recursos, plazos para resolver, plazos para notificar, etc ,etc, pero debemos acudir también a otro tipos de plazos más instrumentales como son las publicaciones en tablones de edictos, o incluso el plazo de 10 días para acceder a los buzones de notificaciones, ya que en su caso se considerará rechazadas las mismas.

• También suscita dudas el apartado 3, “No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante resolución motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo”.
Nuestra valoración es que la suspensión será general y solo en determinados supuestos más excepcionales la administración acordará, las medidas de instrucción necesarias para evitar los perjuicios a las terceras partes, pero siempre recordando incorporar documento en el que se manifiesta la conformidad de éste de que no se suspendan los plazos.

• No podemos olvidar la publicidad de dicha suspensión, por lo que recomendamos que desde la Administración se informe a través de la Sede Electrónica de dicha suspensión, ya viniendo conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en su artículo 30 siendo necesario dar publicidad de los días inhábiles que se aplicará a efectos del cómputo de plazos en los registros electrónicos.

Esperamos que estos pequeños apuntes puedan resultar aclaratorios y faciliten la implantación e instrumentación de dicha circunstancia.
En cualquier caso tanto el Área Técnica como Jurídica estamos a su disposición para cuantas dudas puedan surgir, dado el estado cambiante de la situación.

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