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A lo largo de los años, la implantación de la administración electrónica fue muy costosa, desde el punto de vista de la gestión del cambio.

No comienza con la Ley 11/2007, al contrario, mucha normativa con anterioridad venía dando un gran impulso a las nuevas tecnología, sin embargo es ésta quien ha dado el pistoletazo de salida con un muy limitado éxito, pretendiendo dar el paso del podrán por el deberán, no consiguiéndolo  por muchas razones, entre ellas  su DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.  Quien condicionaba su implantación en las administraciones Locales a que lo permitiera sus disponibilidades presupuestarias,  que en el contexto de una crisis económica que asfixiaba a las administraciones hizo que no se aplicaran los derechos y en consecuencia las obligaciones de ofrecer una nueva vía para relacionarse con las personas, acomodándose la situación a la forma de proceder común.

Si bien, dada la sociedad en la que nos encontramos era difícil ser ajeno a la falta de adecuación a la administración pública a las nuevas tecnologías, tras el informe del CORA surge el nuevo escenario y con él, las Leyes 39 y 40 que de forma definitiva dan el paso del podrán al deberán. Tal y como reza el preámbulo, “en el entorno actual, la tramitación electrónica no puede ser todavía una forma especial de gestión de los procedimientos sino que debe constituir la actuación habitual de las Administraciones”.

Por lo tanto nos encontramos con que en 2016 la tramitación electrónica no es una forma especial de gestión, sino que se trata de la actuación habitual.

Y ahora damos paso a las eternas preguntas… “¿Aun no entro en vigor, no?”

Entrada en vigor de la L 39/2015 Disposición final séptima. La presente Ley entró en vigor al año de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Publicada 2/10/2015 –vigor 2/10/2016

Producirán efectos a los dos años de la entrada en vigor, por lo tanto el 2/10/2018, las previsiones relativas al:  Registro electrónico de apoderamientos, Registro electrónico, Registro de empleados públicos habilitados,  Punto de acceso general electrónico de la Administración y Archivo único electrónico.

Posteriormente El Real Decreto-ley 11/2018, TÍTULO V, retrasa dos años la entrada en vigor de los mismos puntos que habían quedado pospuestos a 2018,  es decir a  partir del día 2 de octubre de 2020.»

Pero siempre debemos partir de la  Disposición transitoria 4ª que nos indicaba el Régimen transitorio de los archivos, registros y punto de acceso general : “Mientras no entren en vigor las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico, las Administraciones Públicas mantendrán los mismos canales, medios o sistemas electrónicos vigentes relativos a dichas materias, que permitan garantizar el derecho de las personas a relacionarse electrónicamente con las Administraciones”.

En resumen: la Ley entró en vigor el 2/10/2016, salvo para los puntos citados que se han prorrogado hasta 2/10/2020,  teniendo en cuenta que las administraciones públicas ya tenían obligación de prestar a través de canales electrónicos servicios a las personas por dichos medios y por lo tanto han de ser mantenidos.

Una vez dicho esto y para aquellas personas escépticas de la administración electrónica y su entrada en vigor, Esta situación causada por el Covid 19 nos ha puesto a prueba, nos hemos demostrado a nosotros/as mismos/as lo fundamental de una administración electrónica, en todos los sentidos. El tener una herramienta de gestión de los expedientes, que nos permita relacionarnos con otras partes tanto internas como externas y que parta del dato único, permitiendo la racionalidad, transparencia, eficacia y eficiencia de nuestras administraciones.

Desde el punto de vista interno/back office/, Los empleados y las empleadas públicas están trabajando desde su casa y gracias a tener unos sistemas informáticos que dan soporte y garantías han podido seguir tramitando expedientes de forma conjunta sin parar las administraciones y dando respuesta a las terceras partes que nos relacionamos con ellas, compartiendo trabajos, mandando a firmas e incluso reuniéndose de forma telemática y pudiendo trabajar de forma colaborativa

Y con respecto a la ciudadanía, a través de la sede electrónica (front office) puede seguir accediendo al registro con totales garantías sin falta de desplazarse ni obligar a los empleados/as públicos a estar de cara al público y por lo tanto respetando las medidas de distanciamiento social. Permitiendo acceder a la información de relavancia, conociendo la tramitación de  “mis expedientes” y permitiendo a las administraciones poner a disposición aquellos de mi interés.

Por lo tanto creemos, como hemos creído desde hace más de 30 años en la administración electrónica y estamos seguros que ha venido para quedarse y para facilitar el acercamiento entre las partes, como han hecho las nuevas tecnologías y las redes sociales en nuestra sociedad de la información.

Después de lo dicho, ¿Qué importa la entrada en vigor? Lo importante es ponerlo en marcha cuanto antes y beneficiarnos de las virtudes de la misma: Seguridad, trasparencia, trazabilidad, agilidad, racionalización, entre otras.

Invitamos a quien esté interesado/a a ponerse en contacto con Grupo Meana para conocer nuestros productos y servicios y presentarles como pueden ayudar a su organización.

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