Desde ya hace 10 años, teníamos una legislación concreta en materia de Administración electrónica, no ya recomendaciones de uso, ni fomentos por parte de la  administración en impulso de nuevas tecnologías,  teníamos una Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y normativa que la desarrollaba,  que nos decía, en la medida de lo posible, como cumplir con los derechos de las personas que se relacionan con la Administración en materia electrónica.
Pero dicha norma, venia con un pero, “la Disposición final Tercera “siempre que lo permitan sus disponibilidades presupuestarias”, eso unido a la crisis, mato el impulso con el que la Ley llegaba, además si lo uníamos a distintas contradicciones con otras normas del Derecho público hicieron que la Ley 11/2007 fuera la Ley de  los departamentos de informatica y nuevas tecnologías, pero no hizo  que el resto de negociados o departamentos  se vieran representados.
Tal fue que la DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA. De la Ley de economía sostenible  modifica la Ley 11/2007, Se adiciona un nuevo apartado 5 a la disposición final tercera de la Ley 11/2007, y dice: “5. Las Comunidades Autónomas y las Entidades integradas en la Administración Local en las que no puedan ser ejercidos a partir del 31 de diciembre de 2009 los derechos reconocidos en el artículo 6 de la presente Ley, en relación con la totalidad de los procedimientos y actuaciones de su competencia, deberán aprobar y hacer públicos los programas y calendarios de trabajo precisos para ello”. También sin mucho éxito.

Todo cambia el 2 de octubre de 2015, día en el que se publica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas con entrada en vigor al año de su publicación en el BOE  y a los dos años de esta, para algunas de sus preceptos. Todas las administraciones se han puesto manos a la obra y con mucho miedo a lo desconocido, pero “Como lo dice la Ley”,  llevándose a cabo proyectos e implantaciones en plazo record y con unos resultados excepcionales.
¿Qué ha pasado para este cambio en las Administraciones?, pues sencillo…El padre nuestro de la Administración ha sido derogada, Sí la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ha sido sustituida por la L 39/2015, y esto hace que ya no existan las dos administraciones la física y la electrónica, simplemente hay una y es electrónica,  dándose por fin el paso de podrán al deberán, dependiendo la forma de los actos en muchos casos de la adaptación  a la presente Ley, siendo apoyado dicho cambio ahora por la totalidad de las personas  que conforman las administraciones públicas o al menos reconociendo  la necesidad de adaptación y obligatoriedad.

Isabel Casasola
Asesoría Jurídica

Comments are closed.