El Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales procede a modificar de nuevo la Disposición final séptima. Entrada en vigor. De La Ley 39/2015

La citada Ley indicaba textualmente:

“La presente Ley entrará en vigor al año de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

No obstante, las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico producirán efectos a los dos años de la entrada en vigor de la Ley”

Por lo tanto en el momento de su publicación la expectativa era que en octubre de 2016 entrara la totalidad de la norma y solo los apartados enumerados quedarían suspendidos hasta 2 de octubre de 2018.

  • Recordemos que los supuestos aplazados eran:
  • registro electrónico de apoderamientos,
  • registro electrónico,
  • registro de empleados públicos habilitados,
  • punto de acceso general electrónico de la Administración y
  • archivo único electrónico

Dada la imposibilidad de cumplir en 2018, el Real Decreto-ley 11/2018, e 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Indica que , “la vacatio legis plasmada en dicha disposición final séptima se ha revelado insuficiente en la práctica para contar de forma simultánea con las condiciones que son presupuesto necesario para el cumplimiento de los ambiciosos objetivos perseguidos por ambas leyes.

La adaptación de los procedimientos administrativos y el diseño de procesos de gestión óptimos, exige que los desarrollos tecnológicos y jurídicos cuenten con el grado de madurez necesaria para dar satisfacción a este nuevo estadio de desarrollo de la actividad  de las Administraciones Públicas.

Así, el desarrollo reglamentario que precisa el funcionamiento de algunos aspectos técnicos y procedimentales tales como las notificaciones, el registro de apoderamientos, los funcionarios habilitados o algunas cuestiones sobre los registros generales y archivos, debe adaptarse a lo señalado en la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional 55/2018, de 24 de mayo. En particular, se requiere acordar entre las Administraciones públicas competentes las opciones que permitan una verdadera interoperabilidad respetuosa con  sus respectivos ámbitos de competencias. Este acuerdo será el marco para el diseño de los sistemas tecnológicos que han de dar soporte a los aspectos funcionales interoperables, que en el plazo actual de entrada en vigor no estarán adaptados a estas exigencias.

En definitiva, la imposibilidad técnico-organizativa de concluir en los plazos inicialmente previstos los procesos de adaptación a la nueva realidad, obliga a ampliarlos en este real decreto-ley. Con ello, se trata de implantar estos instrumentos básicos del funcionamiento de las Administraciones conforme a los principios de eficacia administrativa y garantía de los derechos de los ciudadanos y de los operadores jurídicos y económicos en la tramitación de los procedimientos administrativos, que precisamente son los principios que  persigue la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Por todas las razones anteriores, se juzga urgente y necesario ampliar en dos años el plazo inicial de entrada en vigor de las previsiones de la disposición final séptima de la Ley 39/2015 en lo relativo al registro electrónico de apoderamientos, el registro electrónico, el registro de empleados públicos habilitados, el punto de acceso general electrónico de la Administración y el archivo electrónico, para garantizar que los operadores jurídicos, los ciudadanos y las Administraciones Públicas puedan ejercer plenamente sus derechos con  plena seguridad jurídica y beneficiarse de las ventajas que el nuevo escenario está comenzando a proporcionarles…”.

Estando previsto para el presente 2 de octubre de 2020, si bien El Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto procede a

Modificar la redacción de la citada disposición final séptica, quedando de la siguiente manera:

La presente Ley entrará en vigor al año de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.

No obstante, las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico producirán efectos a partir del día 2 de abril de 2021.

Como resumen indicar que solo afecta a los apartados citados y siempre sin perder de vista la Disposición transitoria cuarta Régimen transitorio de los archivos, registros y punto de acceso general (L 39/2015)

Mientras no entren en vigor las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico, las Administraciones Públicas mantendrán los mismos canales, medios o sistemas electrónicos vigentes relativos a dichas materias, que permitan garantizar el derecho de las personas a relacionarse electrónicamente con las Administraciones.

Recordemos que ya la Ley 11/2007 otorgaba a los/las  ciudadanos/as  una serie de derecho en  cuanto a las forma de relacionarse con las administraciones, a través de la  nuevas tecnologías.

Esta situación de aislamiento a puesto de manifiesto la necesidad del uso de las nuevas formas de interacción, en una situación cambiante, recomendamos a todas las Administraciones que hagan uso de la tecnología que hay a disposición y de las herramientas que les permitan ejercer su trabajo con todas garantías.

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